Dictamen de la Preaudiencia "Reunión por la justicia y verdad"
6 y 7 de diciembre, Susuclumil, Tila, Chiapas
Introducción
El 21 de octubre del 2011, fue admitido el Capítulo
México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y a través de siete ejes o audiencias temáticas,
cuyo término será en 2014, denunciará y visibilizará, ante la opinión pública
nacional e internacional, las graves violaciones de derechos humanos cometidas
por el Estado mexicano que, hasta la fecha, permanecen impunes.
La Preaudiencia:
"Reunión para la justicia y la verdad" Tyempä Cha’an Ysacla’tiel
Melelä (Chol),tzoblej ye´un xcholel chápanel sol´ jmelelil (tseltal), Tsomblej
yu’un melelil xchi´uk lekil chapanel (tsotsil); fue convocada por alrededor
de cincuenta organizaciones populares, así como por La Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”
(que agrupa a 72 organismos de DH), la
Red de Radios Comunitarias, A.C. /AMARC- México (que agrupa a 35 proyectos
radiofónicos asociados), la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada
(que agrupa a 42 organizaciones nacionales e internacionales) y 127 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, académicos y
artistas.
La
Preaudiencia tuvo como sede en la comunidad de Susuclumil municipio de Tila, Chiapas,
escenario vivo de las injusticias, muerte y persecución. Ahí nos encontramos jurados,
testigos, sobrevivientes y familiares de las
comunidades de zona
Norte en Chiapas: Jolnixtié Sección
I, Miguel Alemán,
Usipá, El Limar,
Saquil, Susuclumil, Masojá
Shucjá, Masojá Grande, Chuctiejá, del municipio
de Tila; y comunidades de Chenalhó integrantes de la Sociedad
Civil Las Abejas
de Acteal (Las
Abejas), todas víctimas
de la estrategia
de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña
Chiapas 94’ e implementada por el gobierno
mexicano a partir
del levantamiento armado
del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional
(EZLN) en 1994,
que dio como
consecuencia decenas de desapariciones forzadas,
asesinatos, desplazamientos forzados,
violencia sexual y masacres; todos
crímenes de lesa
humanidad que aún siguen en la impunidad.
En la primera parte se vertieron
testimonios sobre las Ejecuciones
extrajudiciales cometidos
durante la segunda mitad
de los años
noventa en la zona baja
de Tila; así también el testimonio sobre las
Desapariciones Forzadas de Minerva Guadalupe
Pérez Torres
y Cándido Vazquez Sanchez; el Desplazamiento Forzado de las comunidades de Chuctiejá, Miguel
Alemán, Jolnixtié I Sección, Masojá
Shuchá, El Limar,
Masojá Grande; como
una muestra del horror acontecido
en contra de la población
simpatizante al EZLN.
Estos hechos fueron
cometidos directamente por la organización paramilitar Desarrollo
Paz y Justicia
con la colaboración de la policía
municipal y estatal
del estado de Chiapas y el Ejército
mexicano.
En la segunda parte se presentó,
mediante testimonios directos,
los hechos previos
a la Masacre de Acteal, relacionados con la violencia
generalizada que se vivía en la zona
de los Altos
de Chiapas y su consecuencia en asesinatos y desplazamientos forzados.
Posteriormente testificaron
sobre el suceso de la masacre
cometida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, mientras
45 personas en su mayoría
mujeres, niños y niñas fueron
terroríficamente aniquiladas,
hechos cometidos directamente por paramilitares del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en colaboración con la policía
municipal y estatal de Chiapas. Acto
seguido se testificó
el desarrollo de la búsqueda
de la justicia
por las comunidades de Chenalhó, asimismo
se señaló la persistente impunidad
dada como respuesta
de los gobiernos
de México en todas sus estructuras de impartición y administración de justicia, tanto en el gobierno de Juan José Sabines
Guerrero como en el gobierno de Felipe Calderón, manifestada con la liberación
de 51 paramilitares, premiados
con tierras, proyectos
sociales, resarcimiento de “daños” y la continua
acción de guerra
integral de desgaste
con el objetivo de debilitar
y acabar con el proceso
de Las Abejas y de otros pueblos que luchan y resisten.
La tercera parte consistió
en el testimonio
sobre la Masacre de Viejo Velasco, cometida
el 13 de noviembre de 2006, a través del operativo por parte de la policía
estatal de Chiapas, con la colaboración de la organización de corte-paramilitar: Organización Para
la Defensa de los Derechos
Indígenas y Campesinos
(OPDDIC) y habitantes
de la comunidad
Nueva Palestina, con la finalidad
de desplazar forzadamente y exterminar a los pobladores
de Viejo Velasco.
Lugar de alta
biodiversidad y de explotación de turismo cultural
dado que se encuentra entre
las zonas arqueológicas de Palenque y Yaxchilán, por lo tanto de intereses de inversión. De los hechos
la situación continúa
en la impunidad y con acciones de criminalización
hacia las familias desplazadas.
Ante el escenario actual a la llegada al poder del PRI:
Los hechos
sucedidos en la toma de poder en el gobierno
federal por el PRI, ha marcado ya su vocación
de violencia y represión, por lo que rechazamos rotundamente los métodos de represión históricamente instalados. Ante esto, convocamos a seguir organizados por el respeto
a la dignidad
de las luchas
de los pueblos
y comunidades que hemos sido
reprimidos, desplazados, asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados, amenazados
y perseguidos.
Los jueces nacionales que participaron en la
Preaudiencia fueron: Maria Estela Barco
Directora de DESMI Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indigenas
A.C., Guillermo Villaseñor miembro
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Fray Tomás Gonzalez Castillo, Comité de Derechos Humanos del Usumacinta y director del Hogar-Refugio para Personas Migrantes La 72, Alejandro Martínez de la organización El Tribuno Popular, Edith Victorino, Eréndira Sandoval y Gloria A. Fernández Maestrantes en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos UACM. Medios de comunicación alternativos que estuvieron presentes en el evento: Komanilel y La Jornada.
DICTAMEN
Hemos
escuchado el dolor, el miedo, la injusticia del despojo vivido y sufrido por
las victimas sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales, tortura,
desaparición forzada, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, despojo de
los bienes y territorio a consecuencia de las acciones ejercidas por el
gobierno mexicano.
El
Estado mexicano es culpable en los tres niveles de gobierno, desde los cuerpos
de seguridad pública estatales, municipales y el ejército mexicano, quienes
dieron cobertura, seguridad, apoyo económico a las fuerzas paramilitares, es
decir al grupo denominado “Desarrollo, Paz y Justicia”.
El
Estado mexicano no ha cumplido su responsabilidad nacional e internacional de
garantizar el acceso a la justicia, como son las medidas de reparación integral
del daño y garantías de no repetición. En el mismo sentido, de acuerdo a los
testimonios presentados, existen elementos para responsabilizar al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de
procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos;
asimismo a los organismos estatales y nacionales de derechos humanos de su
omisión de investigar los hechos denunciados.
El Estado
ha sido responsable de provocar enfrentamientos intercomunitarios para romper
el tejido social, contener y controlar a la organización de resistencia.
Conscientes
de que todo incumplimiento a las disposiciones del derecho internacional de
protección a los derechos humanos y de los pueblos, constituyen una transgresión
a las obligaciones para con toda la comunidad internacional y teniendo como
referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de
Argel de 1976, los archivos de proceso de Nuremberg, los acuerdos sobre
Derechos Humanos de la ONU y la Carta de Derechos y deberes económicos de los
Estados, se puede acreditar la responsabilidad del Estado mexicano por la
violación de los siguientes derechos:
- Derecho a la Vida
- Derecho a la integridad personal
- Derecho a la salud
- Derecho a la verdad
- Derecho a la justicia
- Derecho a la libertad de tránsito
- Derechos de los niños y niñas
- Derecho de las mujeres a la tenencia de la Tierra
- Derecho al debido proceso
- A no ser torturado
- A la reunión y a la asociación
- A la libertad de creencia
- A la libertad de expresión y pensamiento
- El derecho de los pueblos a preservar su identidad y cultura
- El derecho de los pueblos a la tierra y al territorio
- El derecho de los pueblos a su autodeterminación.
Así
mismo reconocemos a estas violaciones como una amenaza para la paz, la
seguridad y el bienestar de la humanidad en tanto que todos los pueblos están
unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común.
De
las pruebas y elementos que acreditan las anteriores violaciones a derechos
humanos, se desprende la configuración de crímenes de lesa humanidad como lo es
la política genocida perpetrada contra los pueblos originarios choles,
tzotziles y tzeltales, acciones que continúan hasta el día de la celebración de
la preaudiencia.
No es
a las instituciones del Estado mexicano al que estamos apostando para lograr
justicia, sino a espacios alternativos para construir y exigir nuestra propia
justicia, además de ayudar a la convergencia y unión de los pueblos
originarios.
Por último,
los jurados de este tribunal
dieron su palabra
reconociendo a los pueblos por su persistencia en la lucha
por la justicia,
el no olvido
y las acciones
de no repetición
a partir de la memoria;
así también reconocieron la gran aportación
en su caminar, por la fortaleza
de construcción en generar alternativas de vida.
ATENTAMENTE
Jueces nacionales: María Estela Barco, Guillermo Villaseñor, Fray
Tomás Gonzalez Castillo, Alejandro Martínez, Edith Victorino, Eréndira Sandoval
y Gloria A. Fernández.
