Tribunal Permanente de los Pueblos

Eje Guerra Sucia

Semana Nacional contra la Violencia Represiva del Estado

Del 27 al 28 de febrero de 2013

Foro: Violencia sistemática en México: La guerra sucia (1960-1975)

Ponente: Beatriz Torres, Centro Académico de la Memoria de Nuestra Época.

La ponente inició por explicar que para poder entender la guerra sucia y la represión que el Estado ejerce sobre la población, es necesario entender el marco histórico bajo el cual estos se presentan. En el siglo XX, la Guerra Fría es el contexto histórico bajo el cual se desarrolla una política mundial, de que hemos heredado todos los métodos de represión y tortura en América Latina; cualquier intento de cuestionar las políticas de un país en la región, fue reprimido con un conjunto de persecuciones y desapariciones forzadas y sistematizadas.

Es en este contexto, Estados Unidos y sus aliados jamás permitieron a otro país del orbe que tuviera una sociedad mejor; sin embargo, también fue la época donde surgen las luchas por los derechos civiles, las protestas en contra de la Guerra de Vietnam, la Teología de la Liberación –con Sergio Méndez Arceo como uno de sus principales exponentes en México y en América Latina–, así como la Revolución Cubana, vista como el fin de la historia para muchos, pero también como el comienzo de la misma para otros. Fue, en general, una época de explosión social que se buscó reprimir y aplastar por todos los medios.

Torres afirmó que la historia no se ha ido, no está en el olvido; el 68 marcó un cambio en el rumbo nacional de México y de muchos otros países, pero igualmente fue la muestra de las formas de represión que se verían en el país. A partir de ello lo sorprendente no es que tres presidentes mexicanos hayan cobrado su nómina en la CIA, sino preguntarnos hasta qué punto los presidentes antes de interpretar lo que sucede en el país, están bajo los intereses estadounidenses. Las dictaduras militares en el Cono Sur, ejemplificó la ponente, también fueron la  expresión de lo que se vería en los ochentas y noventas.

Los enormes recursos de México y su petróleo, mismos por los que debería estar orgulloso, son también las peores argollas que tiene con Estados Unidos. México no podrá pretender construir un mundo distinto si sigue atado a los intereses estadounidenses.

Por eso, puntualizó Beatriz Torres, bajo las políticas neoliberales que imperan actualmente, podría decirse que la Guerra Fría se ha terminado, y que el mundo al ya no estar bajo una bipolaridad, se ha marcado el fin de cualquier muro de contención a dicho liberalismo. Pero entonces nos queda la siguiente reflexión: ¿Seguir haciendo esfuerzos? Claro, porque a pesar de todo lo que se ha intentado con América Latina, ahí está Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia o Uruguay, que con sus respectivas particularidades y características, si bien no son los modelos ideales, sí representan una auténtica victoria bajo un marco histórico, político y social como el de hoy.

Hechos como el movimiento 132, las protestas mineras, la resistencia de los periodistas en México, o la UACM que defiende un modelo educacional incluyente y democrático, encaminado a aquellos sectores arrinconados por parte del sistema, son ejemplos actuales de resistencia y lucha en contra de las nuevas políticas neoliberales que buscan reprimir todo este tipo de subversión. En contra del imperialismo norteamericano y su unipolaridad, hay que seguir trabajando para abrir la multipolaridad. Se trata de una batalla, de una batalla por la vida.

Ponente: José Reveles Morado, escritor y periodista de la revista Proceso.

José Reveles habló de la existencia de diversos organismos que durante el siglo XX se constituyeron en México a partir del Estado, y que fueron los legitimadores de la represión y la persecución organizada por él mismo.

A partir de ello, se sabe que lo que se presentó a finales de los sesentas y setentas, fue el surgimiento de la persecución a las guerrillas, evidenciando así, la existencia de células específicas de represión formadas con la autorización del Estado, como lo fueron las brigadas blancas en 1975.

Comentó que la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, creada en 1942, y su sucesor, el Departamento Federal de Seguridad (DFS), creado en 1947, surgen, bajo el contexto de la Guerra Fría y siguiendo el modelo de la CIA en Estados Unidos, como el núcleo de la represión en México, que posteriormente ampliaría sus funciones y nivel de alcance, formando brigadas como “las brigadas blancas”, mismas que estaban constituidas por marinos, militares, policías estatales y federales. La DFS, por ejemplo, también buscó desde México ser un grupo de contra-ataque a la Revolución cubana y a sus líderes como Fidel Castro y Ernesto Guevara.

Durante la etapa de guerra sucia se han registrado, hasta ahora, un aproximado de 500 desapariciones forzadas, según el registro del Comité Eureka. José Reveles aclaró que en México no se puede hablar solamente de una represión y desaparición contra los perseguidos y familiares, sino también de una represión que buscó y busca eliminar cualquier tipo de organización subversiva. Por ejemplo, en el periodo de Vicente Fox se dio otra fase de guerra sucia, pero esta vez en un sentido masivo y empleando métodos como el “falso positivo” que se usó en Colombia en la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), justificando todo esto bajo la idea de la guerra contra el narcotráfico. Dicho hecho se ve reflejado incluso en el nuevo lenguaje, pues ya no se habla de ‘fosas clandestinas’, sino de ‘narco-fosas’. Para el sexenio que concluyó, se habla de más de 20,000 desaparecidos, que al igual que en el pasado, también son datos poco formales, lo cual representa que aún existen vacíos en la reconstrucción de nuestra historia.

Reveles afirmó que México se encuentra ante una invasión de la DEA y la CIA: Estamos hablando de más de 500 boinas verdes ya presentes en México, provenientes de más o menos 16 agencias de Estados Unidos, según datos de The Narco News. México es uno de los países latinoamericanos con injerencia directa de estos miembros militares norteamericanos, lo cual nos habla de una rigurosa vigilancia por parte de Estados Unidos a nuestro país. Por lo tanto, concluyó, entender una guerra sucia implica tener que entender las relaciones cercanas que México tiene con EUA.

Ponente: Nicomendes Fuentes, Comisión de la Verdad en Guerrero.

La guerra sucia, desde la opinión de Nicomendes Fuentes, se trata de un hecho donde el Estado mexicano tomó decisiones políticas de destrucción total de la oposición que inició con acciones legales, exigiendo sus derechos y pidiendo peticiones para cambiar la realidad política y social del país. A cambio, las autoridades respondieron con represión.

Se trataba también de un engranaje que funcionaba como uno sólo: desde el presidente de la República hasta toda la estructura que componía el gobierno: gobernadores, alcaldes municipales, diputados, senadores, etc., como en el caso de Guerrero, donde se recurrió al apoyo de los caciques, para lograr un Estado represivo vinculado con la pobreza. Lo raro es que la pobreza no era necesariamente lo que detonaba la subversión, porque había lugares con mucho potencial de desarrollo donde ésta ya existía. Fue precisamente la falta de libertad, la represión, la impunidad y las matanzas, por ejemplo en Atoyac, Acapulco o Iguala, lo que desató dicha oposición. Por lo tanto, es importante mencionar que si estamos hablando de la oposición, podríamos estar hablando de personas de bien, con profesión y que se vincularon con otras organizaciones, hecho que las llevó a una defensiva armada como respuesta a los ataques represivos del Estado.

Así que la guerra sucia es tal, que se representa una violación a los derechos humanitarios, así como una búsqueda de aniquilación, de la forma más perversa, de toda oposición.

Los más afectados: las familias y los pueblos, pues en el caso de Guerrero hubo desplazamiento, despojo y desapariciones. Muchas veces, por ejemplo, las personas afectadas no tenían nada que ver con los simpatizantes de la oposición, sino simplemente por el simple hecho de vivir en la región, estar en lugar equivocado, o tener los apellidos de los perseguidos, resultaron siendo afectados.

El engranaje del Estado en la guerra sucia pretende soslayar toda su responsabilidad, y busca hacerlo en personajes principales, como sucedió con Acuña Chaparro, o realizando desapariciones temporales, que en este caso, trascendieron el territorio guerrerense, replicándose así en otros estados como Oaxaca. Ante dicha preocupación, la población se vio en la necesidad de levantar numerosas denuncias y de organizarse por su propia cuenta, para crear organizaciones populares de defensa y denuncia ciudadana, como por ejemplo, la Comisión Eureca o la Comisión de la verdad.

La Comisión de la verdad, particularmente, es un organismo de justicia transicional  que se organiza ante los resultados insatisfactorios que la CNDH y el gobierno daban a la población. Está constituida por ciudadanos organizados que buscan conocer la verdad y evitar que las violaciones a los DDHH se repitan, así como lograr que el Estado se responsabilice de sus culpas.

Ponente: Raúl Álvarez Garín, Comité 68.

Raúl Álvarez se refirió a la importancia que tiene preparar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos una excelente defensa en contra del Estado mexicano por la guerra sucia. Recalcó que este Tribunal puede únicamente ejercer sentencias morales sin ningún carácter vinculatorio; pero a pesar de ello, tiene un peso muy alto en la comunidad internacional y puede cambiar la visión que se tiene del Estado mexicano.

Posteriormente, explicó diferentes clasificaciones sobre la verdad, partiendo de una metodología creada a partir de las diferentes violaciones de derechos humanos vistas en Sudáfrica. En este sentido, el conocimiento de la verdad sería de la siguiente forma:

1) Verdad fáctica o forense: Significa que hubo muertos, o en todo caso, desaparecidos.

2) Verdad periodística o comunicacional inmediata: Es la versión de los participantes registrada en la prensa.  

3) Verdad analítica: Es aquella que indaga dentro de las causas políticas y sociales del problema.

4) Verdad moral: Es aquella en la que reconocido un fenómeno criminal, se toman medidas para que no vuelva a ocurrir. Actualmente es a través de ella que se discuten los problemas de derechos humanos en todo el mundo.

Actualmente en el mundo hay dos formas de actuar en materia de derechos humanos. Está aquella en la que el Estado busca siempre justificar sus actos de violencia a los mismos, así como los actos de tortura; o aquella  donde por ejemplo, si un Estado no se responsabiliza de dichas violaciones, se puede hacer una justicia transicional, donde las víctimas tienen más interés en una reivindicación moral que una reivindicación material o formal.

En el primer caso, es importante resaltar que la tortura es algo que ha ido profesionalizándose con el tiempo. Actualmente se puede hablar de tortura blanca, es decir, de aquella que implica más daños psicológicos y morales a los individuos que violencia física, y que desafortunadamente prevalece en nuestro país.

En México, el Estado ha respondido bajo la línea del primer tipo, es decir, bajo la justificación de los actos de violación cometidos por él mismo, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, inspirada en la Ley Patriota de Estados Unidos, cuyas medidas incluyen reglas donde el Estado, bajo ciertas circunstancias, puede decretar la suspensión temporal de los DDHH, con el pretexto de que eso implica forjar el “México seguro”. Esto, por lo tanto, habla de que existe una adecuación de disposiciones legales que buscan actualizar el estado de derecho bajo dicha forma de gobierno, donde el Estado queda autorizado para ejercer la violencia legítima cuando así lo crea necesario.

Por ende, actualmente debería ponerse mucha atención en la manera en la que se están dando estos fenómenos. Por ejemplo, conocer el número de desaparecidos durante la guerra sucia, cosa que no solo es problema de la fuente, sino igualmente conceptual, o la misma Ley de Víctimas, donde existe un criterio monetarista liberal en lo que refiere a la indemnización de las víctimas, es decir, donde la discusión se vuelca sobre saber quién debe responder económicamente por la muerte de alguien, cuánto se debe pagar, porqué unos sí y otros no, y de saber cuál es el medio más económico de transportarlos, cuando por ejemplo, se trata de migrantes. Las consecuencias no solo son las reducidas y aberrantes indemnizaciones que se otorgan, sino la visión economicista que se hace sobre la muerte de alguien cuando ésta debería considerarse en un sentido más cultural y político. Existe además, en dicha ley, una confusión en lo que refiere al término de “desaparecidos políticos”, pues dicha etiqueta queda omitida bajo una generalización que se hace de todos los desaparecidos, conllevando así, a querer desactivar la protesta social.

Finalmente, se dio cierre a las ponencias afirmando que las dificultades se encuentran en descubrir dónde es que se genera la violencia, para así, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, poder evidenciar dichas violaciones y lograr una reconstrucción de la legalidad, hacer una legalidad sana, fundada en una verdadera moralidad política.

Foro: Estado neoliberal y represión política (1976-1990)

Ponente: Gilberto López y Rivas, antropólogo y escritor. “Violencias de Estado”

Al iniciar su ponencia retomó, para una mayor comprensión de la temática, la construcción conceptual elaborada por Pilar Calveiro, quién sostiene que actualmente estamos viviendo una reorganización hegemónica planetaria basada en la violencia estatal que se despliega a través de la “guerra antiterrorista”  y la “guerra contra el crimen organizado” como medios de control social. De tal forma se ha articulado una red represiva a nivel global que combina tanto medios legales como ilegales, y mantiene a Estados Unidos como la cabeza,  desarrollándose una nueva fase de acumulación.

Para López y Rivas, la guerra sucia en México es una historia escondida pero no olvidada, a pesar de los intentos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de mantener la máscara de un gobierno progresista en el escenario internacional y a pesar de que ésta haya pasado desapercibida en el ámbito latinoamericano frente al oprobio que representaron las dictaduras latinoamericanas. Sin embargo, la represión selectiva en México provocó miles de desaparecidos y sus secuelas continúan hasta el día de hoy, particularmente porque ha sido imposible el acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas y porque ha imperado la impunidad para los altos jefes policiacos y militares responsables de los actos de represión, quiénes incluso han sido premiados con cargos o ascensiones.  

El ponente definió a la guerra sucia como un tipo de crimen de Estado que, al margen de las leyes vigentes, tiene como fin el aniquilamiento de los enemigos internos  a través de la acción de las fuerzas armadas, cuerpos policiales, aparatos de inteligencia o grupos paramilitares. Así mismo, definió al paramilitarismo como una fase de contrainsurgencia que se pone en práctica cuando el poder de las fuerzas armadas no es suficiente o bien cuando el desprestigio de éstas obliga a la creación de grupos paramilitares. Estos grupos  ilegales cuentan con organización, equipo y  entrenamiento militar por parte del Estado, quién relega el cumplimiento de sus funciones a éstos ocultando el verdadero origen de la violencia.

López y Rivas destacó que la utilización de paramilitares no sólo no ha desaparecido, sino que se ha incrementado en regiones como Chiapas, Guerrero y Oaxaca; por lo tanto,  afirmó, durante los gobiernos del Partido de Acción Nacional (PAN) existió un continuismo represivo caracterizado por la realización de operaciones contrainsurgentes – ahora con la modalidad de “guerra contra el narcotráfico y el terrorismo”–, pero que están destinadas a criminalizar e intimidar a los movimientos sociales.

Finalmente, el antropólogo señaló que el Estado ha incrementado la generación de grupos paramilitares, instrumento criminal del neoliberalismo, que hagan frente a la “praxis autonómica”, es decir, las autonomías de facto y las estrategias de resistencia de los pueblos, amparadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ponente: Pedro Hernández F, Comité de Derechos Humanos de las Huasteca y Sierra Oriental.

Pedro Hernández inició su ponencia afirmando que tras la derrota en la guerra de Vietnam, Estados Unidos replanteó su estrategia para frenar procesos revolucionarios y populares en otras partes del mundo: elaborar ofensivas generales encubiertas que abarcaran aspectos militares, ideológicos, políticos y sociales. En el caso particular de la Huasteca, se generó una guerra de baja intensidad tras el movimiento de recuperación de tierras que en los setenta conformó el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata.

Como parte de la guerra de baja intensidad, los pueblos de la Huasteca se enfrentaron a la formación de grupos de choque o paramilitares, a la indiscriminada y generalizada represión por parte del ejército, a desalojos, violaciones, masacres y desapariciones para doblegar la voluntad de los pueblos. Además, el Estado mexicano desplegó estrategias de cooptación a través de la construcción de clínicas en las cabeceras municipales, el establecimiento de tiendas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), la entrada del Banrural, la construcción de unidades médicas y escuelas en las comunidades, así como la construcción de carreteras para tener mayor control de los territorios.

Pedro Hernández enfatizó que en el desarrollo de estas acciones intervino constantemente el Instituto Nacional Indigenista (INI) y denunció el discurso demagógico y amenazador empleado por el Estado. Además, afirmó que los programas asistenciales que se impusieron no resolvieron la marginación ni la pobreza de las comunidades, por lo cual las caracterizó como medidas políticas que pretendieron mediatizar, controlar y someter la lucha de los pueblos indígenas y campesinos. Como muestra de ello, Hernández afirmó que las políticas asistencialistas aumentaron en las zonas donde los pueblos eran más consecuentes y combativos.

Sumado a lo anterior, el ponente señaló que existieron elementos infiltrados de la Secretaría de Defensa Nacional y del Ejército Federal en las comunidades, quienes promovieron el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución, además de reclutar paramilitares y pistoleros a sueldo. Hernández afirmó que las acciones del Estado y de los caciques de la región pretendieron ser veneno puro para la organización y la lucha de los pueblos, buscaron sembrar la división, el individualismo y el enfrentamiento entre hermanos de clase, además de confundir ideológicamente a un pueblo hambriento.

Como resultado de la guerra de baja intensidad en el período 1970-1990 entre los pueblos de la Huasteca se contabilizaron más de 200 compañeros asesinados y un sinnúmero de desaparecidos. Finalmente, Hernández terminó su ponencia denunciando la utilización de programas sociales como medida para disminuir la combatividad de las organizaciones sociales.

Ponente: Enrique Gonzales Ruiz, Coordinador de Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Enrique Gonzales abrió su exposición con la siguiente tesis: Si la represión es consustancial al Estado, el Estado neoliberal tiene como componente especial la aplicación de violencia en la forma de guerra sucia.

A partir de diciembre de 1982 bajo el gobierno de López Portillo se firmó  la primera carta de intención del Fondo Monetario Internacional (FMI)  y se pusieron en práctica un conjunto de reformas estructurales, con las cuales empezó la transformación del Estado social de derecho mexicano a un Estado neoliberal; es decir, comenzó el desmantelamiento del proyecto histórico de la revolución de 1910-1917. Para el ponente, el proyecto emanado de la revolución correspondía al mantenimiento de ciertos compromisos mínimos con los sectores sociales que ganaron esa revolución: el sector campesino y el sector obrero que también se benefició del pacto social plasmado en la constitución de 1917. Dicho pacto social se sostenía en tres pilares principales: el reparto de la tierra bajo el esquema de propiedad colectiva, las normas laborales contenidas en el artículo 123 constitucional y el establecimiento de una educación pública, laica y gratuita.

Bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, continuó la aplicación de las reformas estructurales exigidas por diversos organismos internacionales y el Estado se deshizo de una enorme cantidad de empresas estatales que supuestamente se encontraban en números rojos. Posteriormente, durante el gobierno de Salinas de Gortari, “el alumno más eficiente del FMI y del BM (Banco Mundial)”, se profundizó el modelo neoliberal y se crearon políticas asistenciales como el Programa Solidaridad para comprar voluntades y disuadir la posible oposición a las nuevas políticas estatales.

De acuerdo al ponente, los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), aunque fueron más torpes políticamente, continuaron con el modelo neoliberal; además, señaló, a tres meses del regreso del PRI, el partido ha tomado acciones para recuperar espacios de poder político diluidos durante los gobiernos panistas y enfatizó que ya se han llevado a cabo la reforma laboral, la reforma educativa y están en agenda la reforma en telecomunicaciones, la reforma fiscal y la reforma energética.

Tras el recuento histórico de la imposición del neoliberalismo en México, el ponente concluyó que en un modelo tan violento, rapaz, saqueador  y polarizador de los intereses de la sociedad, la represión se convierte en estrategia fundamental. Debido a que las políticas neoliberales sólo se pueden imponer por medio de la violencia, el Estado neoliberal recurre a la violencia legal e ilegal (guerra sucia) para  inhibir las acciones sociales contra ese modelo.

Ponente: Benito Colín Talavera, Movimiento Urbano Popular.

Benito Colín afirmó que si bien la represión es un producto del desarrollo mismo del capitalismo, en México tras los acontecimientos del dos de octubre comienza una nueva etapa de represión y de resistencia popular caracterizada por la coexistencia de una relativa etapa de desarrollo económico con un régimen corrupto. Después de la Masacre de Tlatelolco se abrieron dos vertientes políticas: la lucha civil por una apertura democrática y la vía de la clandestinidad para enfrenar al régimen; esta segunda vía se potencializó por el cuestionamiento de la juventud sobre la viabilidad del gobierno burgués y se manifestó en la multiplicación de guerrillas urbanas.

Ante esta situación,  el presidente Luis Echeverría manejó un doble discurso: por un lado pretendió presentarse públicamente como un gobierno diferente al de Díaz Ordaz, mientras que por otro lado continuó con las políticas represivas en contra de la juventud, recrudeció la guerra contra la insurgencia armada y otorgó a la policía poder e impunidad para “acabar” con brotes de insurgencia, ya fuese civil, armada o simples reivindicaciones obreras, indígenas, campesinas o estudiantiles.

El ponente enfatizó que estas políticas contrainsurgentes fueron elaboradas siguiendo las directrices estadounidenses de aniquilamiento en contra de un supuesto enemigo interno. En este contexto la represión fue generalizada a diversos sectores políticos de izquierda, pero se centró en actores políticos clave, por ejemplo los cuadros medios de las organizaciones, quienes eran considerados las correas de transmisión política de los movimientos.

Posteriormente, en 1982 el gobierno lanzó una convocatoria de amnistía en el marco de una “apertura democrática”, que finalmente sólo sirvió para legitimar al régimen en la nueva etapa neoliberal que se inauguraba en México. Esta estrategia de exterminio contra la izquierda no fue sólo física sino también ideológica, debido a que se buscó formar cuadros técnicamente calificados que no cuestionaran el  retroceso de las conquistas laborales, educativas y  sociales existentes. Finalmente, Benito Colín concluyó afirmando que el neoliberalismo requiere del adoctrinamiento del pueblo y la destrucción de los grupos revolucionarios para poder subsistir.

Foro: Política represiva del Estado mexicano en el auge del neoliberalismo (1991-2000)

Ponente: José de Jesús Palacio Serrato, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Palacio comenzó por explicar dos puntos: los efectos de la desaparición forzada y el uso de la terminología para referirse a una política de Estado, como lo fue la  guerra sucia. Al comienzo contextualizó el clima represivo que se vive en México y que de 1994  a 2001 se incrementó, a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  Ejecuciones extrajudiciales, secuestro, desapariciones forzadas, encarcelamientos legales e ilegales, amenazas de muerte y tortura son algunos de los mecanismos que ha empleado el Estado como una política para sembrar el terror en la población,  desgarrar el tejido social, y  desarticular y debilitar a los movimientos sociales.

El ponente expuso que en el caso del EZLN, la represión en el campo se ha incrementado desde 1995. Actualmente el gobierno reconoce 159 personas muertas, al menos en el conflicto zapatista, pero aún no se tienen cifras claras sobre la cantidad de muertes. Además, como muestra de la política represiva del Estado, se han desplegado 40 mil efectivos en las zonas de conflicto. Las víctimas de la represión son principalmente  aquellos que se han declarado partícipes de las movilizaciones  o simpatizantes del movimiento, activistas,  periodistas y  defensores  de derechos humanos.  También mencionó las afectaciones a las comunidades, por ejemplo, habló sobre el caso de 3 mujeres tzeltales violadas en Chiapas y otras 20 personas desaparecidas en las comunidades zapatistas, entre muchos otros casos que revelan la existencia de una estrategia para causar terror, que afecta en el plano emocional, mental, individual, familiar, y en la comunidad. Por ejemplo, explicó que en el caso de los familiares de desaparecidos, se confrontan con la  fantasía de la muerte que se convierte en realidad al encontrar los cuerpos, o con procesos de duelo inconclusos al no encontrarlos.

En el caso del EZLN, la actuación del gobierno pasó de un enfrentamiento directo a una confrontación por debajo del agua, una guerra de baja intensidad, que busca el  debilitamiento de los movimientos de insurgencia. Es por esto que se vuelve importante asignarle un término a la política del Estado destinada a infundir el terror.

Así, el ponente recalcó que  existen distintas formas de nombrar el actuar represivo del Estado: guerra de baja intensidad, guerra interna, guerra sucia, guerra interna de desgaste. Todas ellas implementan la militarización y paramilitarización de los territorios para el  control social.

Explicó también que las terminologías existentes resultan insuficientes para describir el actuar del  Estado en estos tiempos, ya que no dan cuenta, con la rigurosidad necesaria, de la magnitud de la fuerza ejercida por el Estado. Por eso, replicó Palacio, el término que más se ajusta a esta necesidad de nombrar a dicha política represiva es terrorismo de Estado, que va acompañado de la profundización del modelo neoliberal  y que busca fragmentar el tejido social generando terror en la población.  

Además, enfatizó, el marco jurídico en México no contempla en la mayoría de los estados la figura de las desapariciones forzadas. Sólo existen las figuras de secuestro y  abuso de autoridad, lo cual termina por diluir la responsabilidad del Estado en los casos de desapariciones forzadas. Únicamente 12 entidades la han tipificado  y ninguna satisface los estándares internacionales. Esta situación redunda en el menoscabo del derecho al acceso de justicia, la poca o nula defensa con que cuentan las víctimas, y el progresivo daño a los derechos del desaparecido, de su familia y de su comunidad.

Aunado a este vacío legal, desde 1970 se han tipificado delitos nuevos, como sedición, terrorismo y sabotaje, encaminados a criminalizar y contener la protesta social otorgando de facto una protección  a los agentes del Estado. Finalmente,  José cerró su ponencia afirmando que estas nuevas tipificaciones pueden ser concebidas como vías de escape para mantener la impunidad, menoscabando la implicación del Estado.  

Ponente: Francisco Cerezo, Comité Cerezo.

Francisco presentó algunas de las articulaciones dadas entre la militarización del país y de la vida pública y la implantación del neoliberalismo en México. En este contexto, destacó la importancia de ejercer el derecho humano a la verdad y a la memoria para recuperar violaciones graves a derechos humanos que se cometieron en  el pasado, como un recuento de las políticas represivas del Estado y que hoy en día se siguen perpetrando y reproduciendo.

Durante el sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994) –período clave para la implantación del neoliberalismo en México–  se da la privatización de Telmex y de la banca mexicana, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y se aprueba una reforma agraria en la que se inicia la individualización de la tierra como estrategia para la destrucción de la propiedad comunal;  además del elevado enriquecimiento de la clase política gobernante en tan sólo el primer trienio de su gobierno. En 1991, el mismo año de la reforma agraria, se inauguró el primer penal de alta seguridad, destinado a albergar delincuentes juzgados por delitos relacionados al crimen organizado y el terrorismo. Tal proyecto carcelario no sólo elimina la idea de un sistema de readaptación social, sino que además propicia la destrucción emocional y mental del sujeto. Muchas de las personas presas en este tipo de penales resultan ser luchadores sociales; claro ejemplo es el caso de los hermanos Cerezo.

En el año de 1992, nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que desde entonces ha fungido como filtro para desgastar y desarticular la lucha en contra de las violaciones de derechos humanos.

Posteriormente, inicia el sexenio de Ernesto Zedillo, durante el cual se da el levantamiento armado del EZLN. A partir de este momento, se implementa una  política legal e ilegal para contener la incidencia social; cuenta clara de ello resulta la matanza de Aguas Blancas en 1995. Además, es posible observar la sistematicidad en esta política de Estado, ya que comenzaron a reproducirse en otros estados como Guerrero y Oaxaca.

Se vuelve claro entonces que el gobierno diseña y aplica mecanismos para atacar a la población. La tortura, las detenciones, el hostigamiento, las amenazas, la fabricación de delitos y  la desaparición forzada son los mecanismos a los que recurre este sistema, sobre todo en lugares o focos de conflicto.   

A partir de 1996 se incrementaron las quejas de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, en Guerrero se documentaron 80 casos de personas ejecutadas extrajudicialmente, 150 casos de desapariciones forzadas y 674 denuncias de detenciones ilegales. Actualmente, y a medida que se profundizan los efectos del neoliberalismo, se incrementa el acoso y el hostigamiento  a los defensores de DDHH.

El proceso de militarización del país ha encontrado una justificación constitucional. En 1985 se aprobó  el uso del ejército en tareas de seguridad pública en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.  Desde este momento, el sistema de seguridad pública lleva a cabo operativos conjuntos entre policías federales, estatales y  municipales. Este sistema se ha reformado año con año, y uno de sus objetivos ha sido militarizar a la policía, como en el caso de la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999. Actualmente, 78 militares del alto rango se encuentran a la cabeza de las corporaciones policiales, afirmó.

Recordó que en 1996 se promulgó la Ley Contra la Delincuencia Organizada, cuya definición de crimen organizado resulta ser tan laxa y ambigua que cualquier grupo de más de tres personas podrían ser calificado como “crimen organizado”.

Finalmente, Cerezo explicó que no hay ruptura en la política represiva del Estado mexicano y del sistema neoliberal, que ha ido acompañado de la sombra de la militarización, y hoy, de la llamada guerra contra el narcotráfico. Esta política ha sido y será, independientemente del partido en el poder, y busca la apropiación de los recursos naturales y el exterminio de comunidades que planteen un obstáculo al avance del sistema, así como la criminalización de la protesta social.  

Ponente: Juan Vásquez Luna, Sociedad Civil Las Abejas.

Juan Vásquez Luna es un sobreviviente de la masacre ocurrida en Acteal, el 22 de diciembre de 1997; pertenece al pueblo indígena tzotzil y es miembro de la Organización Las Abejas. Juan Vásquez manifestó que sus padres fueron víctimas de la masacre, murieron a causa de la misma. En este sentido, su misión es presentar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos los hechos de la guerra que vivió.

Argumentó que el gobierno mexicano mandó al ejército y a la seguridad pública para entrenar a  grupos paramilitares, organizados desde el Estado, entrenados y armados por las fuerzas públicas, fueron los que actuaron en contra de la población indígena tzotzil en Acteal. Fue el Estado, a través de estos grupos paramilitares, quien atacó a una comunidad que luchaba por la justicia a través de la vía pacífica y cuyo objetivo es la búsqueda de la paz para todos los mexicanos.

Los grupos paramilitares, comentó Juan Vásquez, asesinaron impunemente a la población de Acteal sin importar ni edad ni género. Narró como ejemplo el brutal asesinato de cuatro mujeres que estaban embarazadas, a quienes les abrieron el vientre, les extrajeron a sus hijos y los destrozaron. Estos paramilitares fueron encarcelados por un tiempo; sin embargo, en el 2009 inició su liberación, pues desde el gobierno se alegó que los mismos no se podían identificar como responsables de la masacre.

Los sobrevivientes de la masacre de Acteal, sí pueden identificar a éstas personas como responsables, porque los paramilitares que organizó el gobierno provenían de sus propias comunidades, de sus propias familias, eran sus primos, sus tíos. Juan Vásquez, aseveró que el gobierno premió a los paramilitares entregándoles terrenos y comenzó una política de compra de conciencia dentro de la organización Las Abejas, y hasta ahora sigue sin hacerse justicia  en relación a la masacre, por lo que decidieron acudir a la Corte Interamericana por omisión del Estado.

Ponente: Antonio Vásquez, Sociedad Civil Las Abejas.

Antonio ratificó que ellos son testigos directos de la masacre de Acteal, de la guerra sucia en Chiapas, y manifestó que cuando se realizó la masacre el único delito de las víctimas fue rezar por la paz. De igual forma argumentó que la Organización Las Abejas no estaba de acuerdo con el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero reconocían la justicia en la lucha de estos últimos, porque las organizaciones sociales se cansaron de tantas marchas, tantos mítines que nunca tuvieron una respuesta positiva por parte del gobierno. Al respecto Antonio Vásquez sentenció que el gobierno ha intentado callar y aislar la lucha de las comunidades indígenas, sin embargo, han logrado obtener solidaridad y apoyo desde muchas partes del mundo.

Sobre los responsables de la masacre, afirmó Antonio Vásquez que la justicia apresó a los responsables materiales, pero que nunca hubo actos de justicia en relación a los responsables intelectuales de la masacre; esta es una de la condiciones que permite que se repitan y continúen las vulneraciones de derechos humanos. No conforme con ello, los paramilitares que tuvieron responsabilidad directa en la masacre ya han sido liberados por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que el Ministerio Público no hizo los procedimientos correspondientes en el levantamiento de las pruebas. Vásquez enfatizó así la omisión de las labores que debería de cumplir el Estado a través de sus instancias, pues el Ministerio Público está obligado a levantar las pruebas; sin embargo, el MP cayó en la contradicción de levantar una serie de pruebas que después argumentaron como inválidas para el proceso.

Finalmente, Antonio Vásquez agradeció el espacio que el Tribunal Permanente de los Pueblos ha abierto como plataforma para la manifestación de los pueblos en resistencia y del pueblo mexicano en general. Además de ello, también comunicó que la comunidad indígena tiene sus propios jueces, lo cuales aplican autónomamente su justicia. Sobre las acciones de gobierno, indicó que éste ha ido cambiando la estrategia: el accionar durante la masacre fue a través de la acción militar y paramilitar, pero actualmente es a través de proyectos que desmovilizan a las comunidades, proyectos que promueve que las luchas desaparezcan de la memoria; “la nueva estrategia es matar al pueblo psicológicamente”, por eso Antonio Vásquez no duda en decir que se trata de una guerra de baja intensidad, porque está enfocada en atacar los corazones y la mente.

Foro: Profundización del neoliberalismo y ¿terrorismo de Estado? (2001-2012)

Ponente: Ramiro Díaz, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

El representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), afirmó que en los últimos doce años, pese a la alternancia en el gobierno federal, no ha dejado de existir el terrorismo de Estado que caracterizaba a los gobiernos priistas. Explicó que “el PRI nunca dejó de ser el partido en el poder, nunca hubo una alternancia; PRI y PAN son lo mismo”. Ambos partidos caracterizados por supuestas reformas estructurales que “no son otra cosa que leyes diseñadas a favor de las oligarquías nacionales e internacionales que le permite a las compañías explotar mano de obra barata y recursos naturales”. De estas reformas, Ramiro Díaz destacó varias consecuencias, entre ellas:

1. La desaparición de la seguridad social, que lleva a los trabajadores a emigrar.
2. La inflación de la banca nacional, consumida por la economía internacional, lo cual ha llevado a un despojo generalizado.
3. Telmex, Pemex y el  IMSS, entre otras empresas públicas, han pasado a manos de particulares.

Así mismo, el modelo económico del PRI de Carlos Salinas hasta el PAN de Felipe Calderón ha tenido otras consecuencias; una de las más destacables es que actualmente México tiene más de 50 millones de pobres. La situación económica ha llevado al pueblo a organizarse y la reacción del Estado, operando a través de la Marina y el ejército, ha sido emprender “acciones fascistas dirigidas al pueblo con el objetivo de infundir miedo hacia las bases de organizaciones en lucha”.

Sin embargo, el representante del FNLS resaltó varios aspectos característicos del actual estado de violencia, que tiene su origen en la elección del 2006 y la necesidad de Felipe Calderón de legitimarse:

• Existe un ensanchamiento del fuero militar que permite detenciones sin necesidad de una orden del Ministerio Público.
• En el actual sexenio se dio prioridad de partida presupuestal para la SEDENA y Marina.
• El ejército encuentra en los pobres a sus empleados, usados para realizar acciones represivas; es decir, la guerra contra el narcotráfico es una guerra de pobres contra pobres.

Finalmente, Ramiro hizo énfasis en que los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado ante la resistencia y lucha de los pueblos; no ha habido ningún tipo de castigo a los agresores en gran medida porque hay alianzas estratégicas que permiten que los crímenes permanezcan impunes. “Vicente Fox y Felipe Calderón siguen siendo aliados de Enrique Peña Nieto, así como el duopolio televisivo –participante en la imposición del actual presidente– y el gobierno estadounidense desde el Plan Mérida”.

Ponente: Clemencia Correa, profesora de posgrado en DDHH en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Correa abrió su ponencia identificando tres puntos cruciales que pueden contribuir al mejor análisis de la guerra sucia en México, estos son: el terror como eje de política, la cercanía con EUA (contexto geopolítico) y la redefinición de los conceptos principales que se plantean en el documento de este Eje del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Cabe mencionar que la implementación del terror ha sido una característica fundamental en las dictaduras de América Latina: la guerra no ha tenido como única estrategia la represión a través de acciones militares, sino que también ha hecho uso de herramientas psicológicas de pánico. El terror como forma de control ha sido una de los tres elementos a observar en la política de seguridad, así como la guerra contra la población y el militarismo.

La ponente afirmó que es necesario definir términos, pues los conceptos no necesariamente son entendidos de la misma forma en distintas regiones: en el caso específico de terrorismo de Estado, hay que agregar que el Estado es partícipe activo de la guerra pues afecta valores esenciales de la humanidad. Hay que definir también paramilitarismo ya que suele confundírsele con autodefensa.  El preguntarse a qué se están refiriendo y qué quieren decir lleva a un mejor entendimiento de dónde están parados.

Ahora bien, en términos geopolíticos, hay que leer los sucesos que ocurrieron después del 11 de septiembre del 2001. Así mismo, habría que conocer cómo ha influido Estados Unidos en América Latina a lo largo de los últimos años. El caso específico de Colombia debe ser comparado con México, pues el Plan Colombia es precedente del Plan Mérida. Tal y como lo dijo Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa de Colombia: “La vocación del plan Colombia es exportar ʻseguridadʼ a otros países latinoamericanos y centroamericanos”.

Por último, habría que pensar que la Guerra contra el Narcotráfico al final es y fue una estrategia en contra de la población en general y no sólo de los grupos organizados; afectó principalmente a grupos que debían ser “limpiados” de la vida pública nacional (jóvenes, desempleados, indígenas). La guerra contra la población tiene efectos incalculables: costos en términos psicológicos, culturales y sociales. La comunidad, al no saberse segura, sufre de silenciamiento y parálisis, consecuencias que arraigan la impunidad por la falta de cuestionamiento del sistema de seguridad, pues la impunidad es también no poder hablar. Finalmente, las sociedades viven bajo un silencio que es parte estratégica de la guerra y que les impide la construcción de una sociedad diferente.

Ponente: Carlos Fazio, periodista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comenzó por plantear como ejemplo principal para su ponencia el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al igual que Clemencia Correa, invitó a redefinir lo comprendido por terrorismo de Estado, a lo que explicó que éste se basa en “las acciones planificadas por el Estado para paralizar a la oposición política e ideológica. Varios de estos crímenes pueden ser clasificados como crímenes de lesa humanidad, según el tratado de Roma, puesto que atentan contra la población en general”. Entiéndase entonces que podrían ser juzgados en, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Toda política represiva de Estado está estrechamente ligada a la política económica. En el caso de México, la represión está vinculada con la venta de petróleo, el plan Puebla-Panamá, la Iniciativa Mérida y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; todos estos encuentros entre México y Estados Unidos hacen que la economía nacional sea absorbida y definida por la política económica de Estados Unidos. La estructura belicista de ese país es en esencia la misma, sin embargo, se oculta bajo una propaganda distinta: el desarrollo económico.

La ubicación geográfica de México hace que éste sea un país de suma relevancia para Estados Unidos: México, más que participar en la eliminación de sus propios enemigos, termina acatando la estrategia estadounidense. Del mismo modo, la política represiva del Estado, ha intentado terminar con las organizaciones de lucha para poder apoderarse de territorios estratégicos que le permitan a Estados Unidos una expansión más amplia. Tal es el caso de la minería en el centro de la república.

Fazio afirmó que las fuerzas militares y policiacas del Estado mexicano han sido enviadas a Iraq, Afganistán, Uruguay y Guantánamo para que aprendan operaciones de decapitación de mandos de poder, tortura e inteligencia en medios, siendo esto una clara intromisión de Estados Unidos en la política nacional y evidenciando a los verdaderos interesados en mantener un orden en territorio mexicano.

Para terminar, invitó a reflexionar acerca de lo que significa la formación de la Gendarmería Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, nueva copia de la política de Colombia, también dictada por Estados Unidos y en la que no sólo se empleó el plano bélico sino lo simbólico a través de la educación y la cultura.

Ponente: José Rosario Marroquín, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Inicialmente planteó dos ejes que articularían su ponencia: la impunidad y la legalización del despojo.

La impunidad ha sido atribuida a la apatía social; sin embargo, afirmó el ponente, es responsabilidad del Estado ya que éste quien permite, favorece y efectúa grandes crímenes, lo cual fue evidente en el sexenio de Felipe Calderón. Las instancias de gobierno han sido incapaces de encontrar la verdad y propiciar la restauración para casos impunes emblemáticos, como Atenco, los ataques a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Pasta de Conchos, Guardería ABC, Aguas Blancas, el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Así pues, la impunidad no es el problema fundamental, sino una herramienta para lograr intereses de los grupos de poder. La impunidad avala el despojo y discriminación hacia grupos que se ven como un obstáculo.

Por medio de la impunidad, el Estado limpia a la sociedad de “todo grupo desechable”, por ejemplo, los mineros organizados, los pueblos indígenas, los jóvenes y mujeres, además de que estos grupos son los más propicios a articular luchas sociales. El ponente destacó que no encuentra cambios significativos en los sexenios priistas y panistas, la política de represión e impunidad es la misma.

El ponente también destacó que cada vez es más difusa la línea divisoria entre lo legal e ilegal. El despojo, la discriminación y la neocolonización extranjera han sido legalizados a través de leyes que buscan confundir; tal es el caso de la Ley de Aguas Nacionales, que permite la venta de agua, en contraste con la Constitución que protege al territorio, es decir, se pueden vender los manantiales y ríos como si fueran aparte de lo territorial. Finalizó remarcando que la ley ya no defiende los intereses de la población sino los objetivos de grupos empresariales y de gobierno, llevando a que la lucha social sólo sea posible a través de la organización más que la defensa legal.

Ponente: Alfredo Puente, Frente Popular Francisco Villa Independiente

Puente dedicó su ponencia a presentar al Frente Francisco Villa, organización con más de 30 mil miembros asentados en la Ciudad de México en lucha por el derecho a la vivienda digna.

Habló de sucesos importantes en los que ha habido relación con el gobierno, especialmente el plantón en el Zócalo a finales de los 80´s en los que exigían vivienda y esclarecimiento del desalojo que sufrieron en el Ajusco. A más de un mes de plantón, el gobierno local decidió retirarlos con camiones de volteo, posteriormente policías y mandos administrativos les dijeron que los llevarían a sus casas, mas eso fue una mentira pues los enviaron a polos opuestos de la ciudad. Dicho acto represivo los llevó a aliarse con estudiantes universitarios, haciendo un plantón en las Islas de Ciudad Universitaria- UNAM el mismo año.

Así, el gobierno local se vio obligado a proporcionar terrenos en los que pudieran instalarse. Sin embargo, Óscar Espinoza Villarreal, político de la capital, quiso inaugurar las casas y el Frente Francisco Villa no lo permitió; debido a esto, el político los amenazó y pronto la dirigencia del Frente recibió órdenes de aprehensión. Uno de sus  dirigentes fue encarcelado por 14 meses en esa misma época; dado que las bases de la organización son amplias, varios partidos políticos les pidieron el voto y apoyo electoral a cambio de la libertad de su compañero.

Ante dicha situación, el Frente Francisco Villa decidió aliarse con otras organizaciones a nivel nacional: la Unión Nacional de Organizaciones Políticas de Izquierda Independiente, establecida en Guanajuato, y suscribió a la Sexta Declaración del EZLN, ello fortaleció sus bases aunque causó descontento entre algunos de los líderes, que consideraban necesario otro tipo de estrategias.

Después de 30 años de negociaciones con el Instituto Nacional de la Vivienda, notan que hay poco interés estatal por resolver los problemas del pueblo, además de que constantemente el Estado busca intercambiar apoyo electoral por derechos constitucionales.  Alfredo Puente concluyó afirmando que “esto se va a recrudecer. Todo empeora porque el narco está metido en el Estado: invirtió para la imposición de Enrique Peña Nieto”.

Para finalizar con este foro, Héctor Cerezo invitó a leer y comentar el documento del Eje Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, promovido por más de 20 organizaciones y apoyado por 15 académicos e intelectuales.